Justicia civil: el patito más feo

Cristián Saieh

El sábado 18 pasado, el ministro de Justicia tuvo una gráfica y muy acertada referencia al sistema judicial civil de nuestro país. Al respecto, señaló que nuestro sistema es “el patito feo” porque se quedó atrás, mientras que otros procesos judiciales avanzaron en rapidez, transparencia y efectividad.

Y es cierto lo que señala el ministro Hernán Larraín, ya que en la administración de justicia hay resultados alentadores en materias como lo laboral, familia y salud. Especialmente, el auge y consolidación de la mediación en estos sistemas han sido claves en la solución de conflictos con un bajo costo económico, rapidez y evitando confrontaciones innecesarias que dañan las relaciones y la confianza. A modo de ejemplo, en el año 2016 hubo 2.984 mediaciones en el ámbito laboral, y se llegó a acuerdo en el 54% de los casos, todo un éxito. En familia, los acuerdos mediados en materia de alimentos, cuidado personal del niño y relación directa y regular de los padres con los hijos incrementan su éxito año en año; y en materia de salud, la mediación ha ayudado a dejar la judicialización de las controversias gracias a una muy alta tasa de acuerdos.

¿Por qué, entonces, no hay avances en materia civil?

Desde 2012 se “tramita” en nuestro Congreso esta reforma, que avanza a paso muy lento, pese a lo importante que sería descongestionar de una vez por todas los tribunales de cobranzas judiciales de bancos, casas de retail, isapres, AFP, entre otras que abarrotan las cortes a costa de los impuestos de todos los chilenos, y que distraen a los jueces de su más relevante labor, que es dictar justicia en casos de relevancia jurídica.

La primera razón que se da para el escaso avance en la modernización de la justicia civil es de orden económico y, se supone, ha tenido paralizado el proyecto desde 2014. Se dice que el costo de implementación sería muy alto, esto es, cerca de 600 millones de dólares, lo que es un error, ya que esta cifra se compensa con creces por las ganancias en tiempo, eficacia de los acuerdos y restauración de las relaciones de las partes. No hay gasto; sólo inversión y de la más rentables.

La segunda razón sí es real y, por supuesto, no se ha dicho: son los incumbentes. Cuesta salir del estado de comodidad en que muchos jueces y abogados se encuentran inmersos hoy, esa zona de confort que los hace sentirse seguros, en que no tiene sentido tomar riesgos para dar un giro en la manera de ejercer profesionalmente con oralidad, rapidez y transparencia total.

Por último, tenemos una razón más bien estructural. La regulación de la mediación, que debiera ser el método de solución de controversias por excelencia en la justicia civil, se caracteriza en nuestro país por su dispersión y falta de sistematización, y por la carencia de una planificación integral y sistémica por parte del Estado. Este mecanismo se ha incorporado en algunos cuerpos legales sin atender a una política pública coherente que fomente su implementación en los más diversos ámbitos.

El ministro Larraín anunció que habría un proyecto especial que regularía la mediación. Bienvenido sea, y ojalá esta vez el gobierno administre las urgencias de forma que salga a la luz luego y no estemos seis años más esperando salir de la zona de confort.